Política Río Bravo, Tamaulipas, 21 de enero de 2026 –
La solicitud del Ayuntamiento de Río Bravo para asumir el control administrativo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) permanece en punto muerto, según autoridades estatales, debido a incumplimientos legales por parte del municipio.
El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado ha denunciado públicamente una supuesta negativa por parte del Congreso de Tamaulipas y el Gobierno estatal, pero el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, asegura que no hay freno político sino omisiones documentales que deben solventarse.
La petición formal para el traspaso de la COMAPA –que actualmente opera bajo control estatal– fue recibida por el Gobierno de Tamaulipas el 25 de agosto de 2025. Río Bravo es una de las contadas municipios en el estado que no gestionan directamente su organismo de agua, a diferencia de otros como Tampico o Ciudad Victoria, donde el control es mixto o municipal.
Esta situación ha generado tensiones, ya que el servicio de agua potable y alcantarillado enfrenta deficiencias crónicas en la región, con quejas frecuentes por fugas, falta de presión y deudas acumuladas. El 18 de noviembre de 2025, el Ejecutivo estatal emitió un acuerdo de prevención, requiriendo al Ayuntamiento documentación adicional, incluyendo las actas de Cabildo de las sesiones del 26 de junio y 13 de agosto de 2025, que acrediten la aprobación municipal para la transferencia. Esta notificación fue entregada al municipio el 19 de noviembre, pero hasta la fecha no se ha cumplido con los requisitos. Además, se menciona una deuda pendiente del Ayuntamiento con la COMAPA superior a los 3 millones de pesos, que debe regularizarse antes de cualquier avance.
En una conferencia de prensa el 12 de enero de 2026, Prieto Herrera rechazó las acusaciones del alcalde Almaraz, quien ha calificado la situación como un “freno político”. “Ni el Congreso ni el Gobierno del Estado han ignorado la solicitud; el proceso está abierto, pero detenido por omisiones del Ayuntamiento”, afirmó el diputado. Subrayó que la transferencia no es automática y debe apegarse al artículo 115 de la Constitución, que establece un procedimiento específico con un plazo de hasta 90 días para una transición ordenada. Además, el artículo tercero transitorio permite al estado retener el control si la transferencia afecta negativamente a la población.
Por su parte, el alcalde Almaraz Maldonado publicó un video en su página de Facebook el pasado 20 de enero, donde reitera la solicitud y menciona al coordinador de diputados quien se niega al traspaso.
En el material, con miles de reacciones y compartidas, el edil enfatiza la necesidad de control local para mejorar el servicio y critica la falta de respuesta estatal. “Río Bravo merece manejar su propia COMAPA como otras ciudades”, se le escucha decir, aunque no detalla las omisiones mencionadas por Prieto.
Críticos como el columnista Marcelino García Contreras han cuestionado las intenciones del alcalde, recordando su historial controvertido, incluyendo acusaciones pasadas, cuyo proceso en el que ya fue determinado como inocente por la autoridad. García sugiere que el control de la COMAPA podría ser un medio para “enriquecimiento” bajo administraciones panistas, citando precedentes en la región. Hasta ahora, no hay fecha definida para resolver el impasse. Fuentes legislativas indican que, una vez subsanadas las omisiones, el Congreso evaluará la viabilidad del traspaso. Mientras tanto, residentes de Río Bravo continúan exigiendo mejoras en el servicio de agua, independientemente de quién lo administre.