El reciente nombramiento de Francisco Garduño como funcionario dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha desatado una fuerte controversia en distintos sectores sociales y políticos. La designación ocurre mientras Garduño continúa vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad y el mensaje que envía el gobierno federal.
Durante el anuncio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó a Garduño como “un funcionario ejemplar”, destacando su trayectoria en la administración pública. Sin embargo, las palabras del líder partidista fueron recibidas con indignación por diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes señalaron que el nombramiento constituye una “ofensa” y una forma de “protección a un funcionario acusado de delitos graves”.
Los colectivos recordaron que Garduño es señalado como responsable del incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia en la que 40 migrantes perdieron la vida y que marcó uno de los episodios más dolorosos en la política migratoria del país. Para las organizaciones, su incorporación a la SEP representa un retroceso en materia de justicia y transparencia institucional.
Reacciones encontradas
- Apoyo oficial: Mario Delgado defendió la designación, asegurando que Garduño ha demostrado compromiso y capacidad en sus funciones previas.
- Críticas sociales: Organizaciones de derechos humanos calificaron el nombramiento como un acto de impunidad y exigieron respeto a las víctimas de la tragedia de Juárez.
- Contexto judicial: Garduño permanece bajo proceso judicial, lo que, según especialistas, podría complicar su desempeño en la nueva responsabilidad.
Conclusión
El nombramiento de Garduño en la SEP abre un nuevo capítulo de debate sobre la responsabilidad política y ética en la administración pública mexicana, enfrentando el respaldo de la dirigencia oficialista con el rechazo de la sociedad civil organizada.