Por Redacción.
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Hay un aspirante en Reynosa cuyas publicaciones recibieron miles de “likes”. Buena parte proviene de cuentas creadas desde países donde nadie votará por él. No es un misterio ni una hazaña: es un servicio, y tiene precio. Es un intento de engaño, pero la sociedad has aprendido.
El señalamiento contra Eduardo López, aspirante en el proceso interno de Morena que en Reynosa ya empezó, aunque nadie lo haya convocado, todavía es eso: un señalamiento sostenido en indicadores observables, no en una resolución de autoridad. Pero el fenómeno que exhibe no admite duda, y merece una discusión más seria que la burla.
La reacción habitual ante los likes comprados es el desdén. Vanidad de político, dicen. Dinero tirado. Ese desdén es cómodo y equivocado, por dos razones.
La primera tiene que ver con el método de Morena. El partido no reparte candidaturas por convención de delegados ni por dedazo formal: las reparte por encuesta. Y aunque ninguna encuesta pregunta por seguidores en Facebook, el posicionamiento digital define quién parece puntero, a quién busca la prensa local, a quién invitan a los foros y, por lo tanto, quién acumula adhesiones verdaderas. Inflar redes en un partido que elige por encuesta no es presumir: es meter la mano en el insumo con el que se decide. Es el equivalente digital de rasurar un padrón o acarrear una asamblea. Da lo mismo si el que lo hace es simpático.
La segunda razón es la que debería quitarle el sueño al morenismo. Morena y el gobierno federal han denunciado la operación sistemática de granjas de cuentas dedicadas a golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum y a amplificar a quienes atacan a los gobiernos del movimiento. Tienen razón en denunciarlo. El problema es que esas granjas y las que le venden reacciones a un aspirante municipal de la frontera son el mismo negocio. El mismo inventario de cuentas, los mismos operadores, con frecuencia los mismos intermediarios locales. Las granjas no tienen ideología: tienen tarifas. Quien hoy les compra likes está financiando la infraestructura que mañana se renta para desprestigiar a la presidenta.
Ahí está la asimetría insostenible. Un partido no puede exigir que se regule la manipulación de audiencias mientras sus aspirantes son clientes de esa manipulación. La denuncia pierde autoridad, y en política la autoridad es más escasa que el dinero.
Conviene además un dato que se ignora: comprar bots no es una travesura sin consecuencia jurídica. O el aspirante pagó el servicio —y entonces hay un gasto de promoción personal no reportado, con comprobación fiscal inexistente— o alguien se lo regaló, y entonces hay una aportación en especie de origen desconocido o extranjero, que la ley prohíbe expresamente. No hay tercera puerta. La opacidad del esquema no lo saca del sistema normativo: lo empuja hacia su parte más severa.
Dicho todo eso, la respuesta fácil —expulsar al señalado— sería un error. Hoy no existe en el estatuto ni en una convocatoria, que ni siquiera se ha emitido, una tipificación de la compra de interacción como falta. Sancionar sin norma previa produce resoluciones que el Tribunal revoca y mártires que el partido no necesita. Peor aún: en un morenismo tamaulipeco fragmentado, una facultad discrecional para castigar bots se volvería la herramienta favorita para depurar rivales, sobre todo porque la evidencia digital es barata de fabricar. Hay una técnica conocida que consiste en inflar al adversario para después denunciarlo. Cuesta menos que una comida.
Y hay un límite de proporción: no es lo mismo comprar seguidores que operar una red coordinada para difamar. Una regla que no distinga entre ambas cosas está mal hecha.
Lo que corresponde no es una cabeza, es una regla. Morena puede emitir, antes de la convocatoria, un piso digital para todos los aspirantes: declaración obligatoria de cuentas, apoderados y proveedores contratados; tipificación escalonada que separe el inflado de vanidad de la simulación organizada y del ataque coordinado; un estándar técnico público para probarlo; y la misma vara para quien se infla a sí mismo y para quien paga redes contra un compañero de partido. Esa última es la prueba de fuego, porque castigar lo primero es popular y tocar lo segundo es tocar a los grupos.
Los partidos suelen escribir sus reglas después del escándalo, cuando ya sirven para castigar a alguien en particular. Escribirlas antes es más difícil, menos rentable y, exactamente por eso, la única manera de que sirvan para algo.
