En síntesis: El complejo asegurado por la FGR en la Brecha El Becerro se levantó sin uso de suelo, sin licencia de construcción y sin Director Responsable de Obra. Todos esos trámites dependen de una sola dependencia municipal: Secretaría de Obras Públicas que dirige Eduardo López Arias.
REYNOSA, Tam.— El complejo industrial asegurado por la Fiscalía General de la República en la Brecha El Becerro no era invisible. Ocupaba casi 42 mil metros cuadrados. Alojaba siete tanques verticales con capacidad conjunta cercana a los 100 mil barriles. Guardaba 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo. Se alcanzaba a distinguir desde el libramiento y aparece en imágenes satelitales públicas desde febrero de 2025.
Lo que no aparece por ninguna parte es el expediente municipal.
Una instalación de ese giro y de esa escala requiere, conforme a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y a la reglamentación del Ayuntamiento de Reynosa, al menos siete actos administrativos: licencia de uso de suelo compatible con industria pesada de alto riesgo, dictamen de impacto urbano, dictamen de impacto vial, delimitación de zona intermedia de salvaguarda, licencia de construcción e instalaciones especiales, designación de Director Responsable de Obra y licencia de funcionamiento.
En Reynosa esos trámites no están dispersos entre varias oficinas. Convergen en una sola: la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que desde 2018 encabeza el arquitecto Eduardo López Arias. Uso de suelo, edificación, impacto urbano y materia ambiental están bajo el mismo techo administrativo y bajo la misma firma.
El predio de la Brecha El Becerro tenía clasificación catastral agrícola o rústica-suburbana, incompatible con industria pesada de alto riesgo. No se registró procedimiento de cambio de uso de suelo ni se sometió el proyecto a la aprobación del Cabildo.
Tampoco hubo dictamen de impacto vial. La omisión impidió evaluar la carga que seis tractocamiones y siete pipas de gran tonelaje ejercieron de manera constante sobre un camino de tercer orden. Y no se delimitó la zona intermedia de salvaguarda, obligatoria en instalaciones de riesgo: las comunidades rurales vecinas quedaron sin franja de amortiguamiento ante fuga, incendio o explosión.
En materia de edificación, el vacío es total. No hay trámite de licencia de construcción e instalaciones especiales para siete tanques fijos, redes de tubería de proceso, tres generadores eléctricos y una subestación autónoma. Sin Director Responsable de Obra, tampoco hay memorias de cálculo estructural, pruebas no destructivas en soldaduras ni certificados de integridad mecánica en recipientes a presión. La planta operó, además, sin licencia municipal de funcionamiento y sin pólizas de responsabilidad civil y ambiental ni fianzas de mitigación vial.
A la fecha, la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación, no ha informado de personas detenidas por este aseguramiento y no ha señalado a ningún funcionario municipal. Las omisiones descritas son de orden administrativo y competencia municipal; su acreditación corresponde, en su caso, a la Contraloría Municipal y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
ante las demandas de información, el alcalde Carlos Peña Ortiz ha declarado que el municipio no tiene injerencia en las edificaciones de hidrocarburos.
La pregunta que queda abierta no es técnica sino política: qué explicación tiene el gobierno municipal de Reynosa para que una industria de esta escala se levantara, operara y almacenara millones de litros de hidrocarburo durante meses sin un solo trámite ante la dependencia que existe precisamente para impedirlo.
Todo huele a un aliado de los propietarios de la ilegal refinería que con las presuntas, pero explicitas omisiones, traiciona a sus jefes políticos Maki Ortiz y Carlos Peña y que tiene nombre y apellido: Eduardo López Arias.
